BTN News: Enrique Márquez, un ex candidato opositor venezolano, ha solicitado la recusación de la jueza Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien actualmente dirige el proceso de certificación de la polémica reelección del presidente Nicolás Maduro. Márquez, conocido por su compromiso con la democracia y su lucha por elecciones libres y transparentes, ha expresado públicamente su preocupación por la evidente vinculación política de Rodríguez con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su estrecha relación con el mandatario venezolano, lo que pone en tela de juicio la imparcialidad de la jueza en un caso de tan alta relevancia para el futuro del país.
Márquez presentó la solicitud de recusación, argumentando que la conexión de Rodríguez con el PSUV y su historial político como exconcejal de Caracas y exalcaldesa interina de la capital, representan un claro conflicto de intereses. Esta situación, según Márquez, compromete gravemente la capacidad de la jueza para impartir justicia de manera imparcial, lo cual es un requisito fundamental en un proceso judicial de tal envergadura. El ex candidato, quien también ocupó el cargo de rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2021 y 2023, subrayó que la imparcialidad es esencial para garantizar la legitimidad de cualquier decisión emitida por la Sala Electoral del TSJ, especialmente en un momento en que el país enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones.
El proceso de certificación de la reelección de Nicolás Maduro ha estado rodeado de controversias desde su inicio. El presidente venezolano solicitó al TSJ que validara su proclamación para un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude electoral por parte de la oposición, liderada por María Corina Machado, quien defiende la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia. Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado los resultados detallados de la elección del 28 de julio, alegando que los sistemas del CNE fueron objeto de un ciberataque, lo que ha generado aún más sospechas y desconfianza entre la población y la comunidad internacional.
La jueza Rodríguez, quien ha sido criticada por su falta de imparcialidad, declaró que la sentencia del TSJ será inapelable, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre la transparencia y equidad del proceso. El TSJ finalizó el “proceso de peritaje” el 18 de agosto, en el que participaron expertos en materia electoral, quienes, según la corte, operaron bajo los más altos estándares técnicos y científicos nacionales e internacionales. Sin embargo, tanto opositores como académicos han cuestionado la validez de este peritaje, calificándolo de improcedente y sesgado.
Enrique Márquez denunció que desde su comparecencia ante la Sala Electoral el 14 de agosto, no ha tenido acceso al expediente del caso ni ha podido presentar testigos ni expertos electorales independientes, lo que pone en duda la transparencia del proceso judicial. Esta situación refleja una vez más las profundas divisiones y la polarización política que afectan a Venezuela, donde la lucha por el poder se desarrolla en un clima de desconfianza y acusaciones cruzadas.
Por su parte, Edmundo González Urrutia, el candidato respaldado por la oposición, se negó a comparecer ante el TSJ, alegando que hacerlo lo pondría en una situación de “absoluta vulnerabilidad por indefensión”. Nicolás Maduro ha acusado tanto a González Urrutia como a María Corina Machado de incitar a un golpe de Estado y ha solicitado su encarcelamiento, en un intento por silenciar a sus opositores y consolidar su poder en un país sumido en una profunda crisis política, económica y social.
La recusación presentada por Enrique Márquez es un paso importante en la lucha por unas elecciones libres y justas en Venezuela, pero también pone de relieve los desafíos que enfrentan aquellos que buscan cambiar el rumbo del país a través de medios democráticos. La resolución de este caso será crucial para determinar el futuro del sistema electoral venezolano y la posibilidad de restaurar la confianza en las instituciones del país. Mientras tanto, la población sigue esperando respuestas claras y acciones concretas que garanticen la transparencia y legitimidad de sus procesos electorales.
